Venezuela está acostumbrada a conseguir sus riquezas, en el subsuelo, con el petróleo. La bella isla de Margarita, el archipiélago de los Roques, el Amazonas, el delta del Orinoco y el Parque Nacional de Canaima son destinos hermosos para hacer al país sudamericano una potencia en el turismo.

Pero lamentablemente no lo es, aunque el gobierno de Venezuela busca nuevas fuentes de divisas. En realidad nunca lo ha sido, a pesar de su inmenso potencial, en el año 70 se intentó promocionar al país como el secreto guardado del Caribe.

La economía del país siempre ha dependido de la venta del petróleo

Aunque muchos cruceros con personas de otros países llegan a Margarita, con la crisis los barcos cargados de extranjeros han dejado de visitar la isla, esto ha logrado que la industria en conjunto decline.  Según un informe de Competitividad Turística del año 2015, deja a Venezuela en el puesto número 110, por debajo de Nicaragua, Kuwait, Albania y El Salvador.

“Venezuela no es un país turístico porque les resultaba mucho más sencillo producir y vender petróleo”. Dijo el empresario turístico, Juan Carlos Guinand. “Eso genera más dinero que poner a funcionar una maquinaria turística: educación en la población, vías turísticas, aerolíneas, seguridad, infraestructura, son más gastos” explicó el empresario. La economía del país siempre ha dependido de la venta del crudo. “Cómo se ganaban dólares al taladrar el suelo, no hubo intentos de buscar billetes en otras partes”.

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Según el economista David Rosnik y Mark Weisbrot, generalmente la reducción de horas laborales está relacionada con una reducción del consumo de energía. Si los estadounidenses siguen los patrones de horas de trabajo de las personas de Europa, de 40 horas semanales, en USA se vería una reducción de 20 % del uso de energía, y por lo tanto de emisiones de carbono.

Con sólo cuatro días de trabajo a la semana también se reducen las cantidades de emisiones de carbono, producidas por trasladarse del hogar al trabajo. Es un momento crucial para contar la emisión de los gases que contribuyen al calentamiento global, los fines de semana de tres días podría ser la clave para que la economía se lleve más con el medioambiente.

La idea se llevo a cabo en el año 2007

Esta idea se ha llevado a cabo desde el año 2007, en el estado de Utah, en USA, redefinieron las semanas laborales extendiendo las horas de lunes a jueves, así no sería necesario laborar el viernes. Los primeros 10 meses, el estado pudo ahorrar US$1,8 millones en gastos de energía, menos días de trabajo rebajo los gastos de luz en las oficinas, menos tiempo usando las computadoras y menos uso de los aires acondicionados.

Por un solo día, miles de trabajadores públicos pudieron quedarse en su hogar con sus familias. Así que la reducción de gases efecto invernadero fue mayor, el estado se ahorró 12.000 toneladas de CO2 al año. A pesar de todos los beneficios el gobierno de Utah, se vio obligado en el año 2011 a abandonar esta medida, luego que los residentes se quejaran por no tener acceso a distintos servicios el día viernes.

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El despilfarro de comida no tiene coto en España

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Camps de Gispert, junto con otros tres socios, decidió apostar por este modelo de negocio tras ver que en otros países —sobre todo en el norte de Europa— existían iniciativas similares que habían tenido éxito. El sistema es sencillo: Goodafter compra la mercancía directamente a los fabricantes y la guarda en su almacén antes de llevarla al domicilio del cliente. Su oferta comercial, que no incluye productos frescos, está compuesta por unas 450 referencias divididas en ocho categorías. Los pedidos que se realicen antes del mediodía llegan en 48 horas; si superan los 49 euros son gratuitos, si son inferiores tienen un coste adicional de envío de 4,95 euros. “Los descuentos suelen estar relacionados con el plazo que le queda al producto o la temporada, pero es fácil conseguir un descuento del 50% sin prestar demasiada atención a lo que se echa en el carrito”, asegura la emprendedora.

La filosofía de la empresa, sin embargo, no se limita a luchar contra el desperdicio. “También tenemos la misión de desmitificar los plazos de consumo”, continua Camps de Gispert, “porque no son lo mismo la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente”.

Roberto Ortuño, director de Asistencia Tecnológica, Servicios Analíticos e Industriales de AINIA Centro Tecnológico, explica que la fecha de caducidad indica el momento a partir del cual ya no es seguro para la salud consumir un determinado tipo de alimento. “El consumo preferente, por otro lado, indica que a partir de una cierta fecha alguna característica organoléptica del producto, como el color o el aroma, difiere de la original”, abunda el experto, “pero no hay ningún riesgo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, siempre que se consume en un plazo prudencial”.

En un país donde cada hogar tira 76 kilos de comida al año —el equivalente a casi 1,5 millones de toneladas en el conjunto—, iniciativas como Goodafter son un pequeño grano de arena. Según las estimaciones de la Comisión Europea, España es el séptimo país europeo que más comida desperdicia (7,7 millones de toneladas), y los hogares son los principales responsables del derroche (culpables del 42% del total), seguidos por la industria (39%), la restauración (14%) y la distribución (5%).

Carlos Ballesteros, profesor del Departamento de Marketing y director de la Consultoría Social Empresarial Comillas ICADE, achaca el elevado desperdicio doméstico a una serie de razones entre las que destaca la falta de visibilidad. “España no ve cuánto dinero tira a la basura; si a lo mejor se monetizaran esos 76 kilos al año nos preocuparíamos más porque nos dolería el bolsillo”, sugiere. Pero si no sabemos de dónde viene y adónde va la comida, es complicado avanzar, mantiene el docente. “Es como si el yogur que compro naciera directamente en el lineal del supermercado, porque no sé cómo se hace ni cómo muere”, comenta. “Somos una sociedad urbana, ya no hacemos ni vemos la matanza del animal, la carne solo la vemos envasada en la bandeja de poliespán”.

A la búsqueda del ‘smart shopper’
Camps de Gispert asegura que en Goodafter quieren “luchar contra el desperdicio por diferentes lados”. “También vendemos líneas obsoletas o descontinuadas, como pueden ser envases antiguos de champú que se han quitado de los lineales porque el fabricante ha lanzado una nueva línea; los fabricantes siempre tienen unos excedentes con los que nos quedamos”, enumera, “o productos que ya no son de temporada, por ejemplo un Papá Noel de chocolate en enero; lo importante es que el consumidor siempre sepa por qué está comprando con descuento”. Justo por esta razón entran y salen nuevos productos continuamente, y es fácil que cuando un lote se acaba ya no se vuelva a encontrar nunca más en la oferta del supermercado.

Fuente: El País

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Así, mientras los asalariados con contrato indefinido percibieron un salario medio bruto mensual de 2.090 euros en 2015, aquellos con un contrato eventual tan sólo recibieron 1.314, según una submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

El tiempo de trabajo también influye de forma determinante en el salario que se percibe a fin de mes. El sueldo medio bruto mensual de los asalariados a jornada completa en 2015 fue de 2.142 euros frente a los 697 de los trabajadores a tiempo parcial.

Esto resulta especialmente preocupante, teniendo en cuenta que más de dos millones de españoles son trabajadores subempleados, es decir, trabajan menos horas de las que realmente desearían.

En términos generales, el salario medio mensual (en términos brutos) fue de 1.893 euros el año pasado, con un aumento del 0,66% respecto al de 2014. Un 40% de los asalariados ganó entre 1.215 y 2.136 euros. Un 30%, más de 2.136 euros y el 30% restante, menos de 1.215.

Por ramas de actividad, la actividades financieras y de seguros, las de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y la de Educación fueron las que presentaron mayor proporción de salarios elevados. Por el contrario, las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) concentraron los sueldos más bajos.

Si analizamos los datos por regiones, los salarios más altos en 2015 se dieron en el País Vasco (un 46,9% de los asalariados cobra por encima de los 2.136 euros mensuales), seguido de la Comunidad de Madrid (38%) y la Comunidad Foral de Navarra (37,9%). Mientras que los más bajos (sueldos por debajo de los 1.215 euros) se concentraron en Canarias (40,1%), Extremadura (39,3%) y la Región de Murcia (37,9%).

Brecha salarial

Por sexos, entre los hombres se dio una mayor concentración relativa de salarios altos que entre las mujeres. Así, el 35,5% de los varones ingresaron más de 2.136 euros en 2015 frente al 23,9% de las mujeres. En los salarios bajos ocurrió al contrario. El 41,1% de las mujeres tuvo un salario inferior a

1.215 euros, frente a un 19,8% en el caso de los hombres.

Según el INE, una de las razones principales de estas desigualdades en salario medio es que ellas trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mayor proporción que los varones.

En cuanto a la distribución salarial por edad, los trabajadores más jóvenes concentran los salarios más bajos frente a los empleados de mayor edad, que tienen sueldos más elevados. Esto se explica fundamentalmente porque entre estos últimos hay más contratos indefinidos, así como mayor antigüedad y experiencia laboral. Por el contrario, entre los más jóvenes hay una mayor proporción de trabajo a tiempo parcial y de contratos temporales.

De este modo, el 67,9% de los asalariados menores de 25 años recibió un salario mensual inferior a 1.215 euros en 2015. El porcentaje de los que tuvieron un salario mayor que 2.136 euros fue del 4,8%. Entre los asalariados de 55 y más años, un 23,1% se encontraba en el tramo bajo del salario mensual (menos de 1.215 euros), mientras que un 41,6% estaba en el tramo superior (más de 2.136 euros).

A mayor formación, mayor sueldo

La formación también influye de manera determinante en el sueldo. En general, a mayor nivel de formación, el salario es más alto. El 41,6% de las personas con un nivel de estudios bajo (como mínimo la enseñanza obligatoria) tuvo en 2015 un sueldo inferior a 1.215 euros. En el caso de las personas con educación secundaria de segunda etapa o formación equivalente, el porcentaje con salarios bajos fue del 34,3%, mientras que en aquellas con estudios superiores alcanzó el 19,5%. El 48,2% de los asalariados con titulación superior tuvo salarios en el tramo mayor en 2015, es decir, ganó más de 2.136 euros al mes. Así, mientras que el salario medio de los asalariados con educación primaria fue de 1.365, el de los que tenían estudios superiores fue de 2.408 euros: 1.043 euros más.

Empleador público vs privado

Respecto a la naturaleza pública o privada del empleador. El salario medio bruto en el sector público fue de 2.568 euros en 2015, mientras que en el sector privado se situó en 1.720. Según el INE, los factores fundamentales que influyen en las diferencias del salario medio entre ambos sectores se explican por la diferente estructura ocupacional, el mayor peso de los trabajadores con estudios superiores (el 65,9% de los asalariados del sector público tiene titulación superior, frente al 38,9% del sector privado), la menor proporción del empleo a tiempo parcial (7,0% frente a 19,7% en el sector privado) y

la mayor antigüedad en el sector público (el 67,3% de los asalariados del sector público lleva 10 o más años en su puesto, mientras el equivalente en el sector privado es de un 34,0%).

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El incremento del coste de los combustibles se produce en un contexto de fuerte recuperación de la demanda de estos productos. Las gasolineras españolas han vendido 9,5 millones de toneladas de gasolina y gasóleo para automoción entre los meses de junio y septiembre. El incremento es del 10% si se compara con el mismo período de 2013 y está ligado al fuerte aumento de los desplazamientos por carretera, ya sea a nivel profesional o de ocio, que ha traído consigo la recuperación económica.

Detrás del encarecimiento de los carburantes se encuentra la remontada que ha emprendido desde el pasado mes de enero el precio del petróleo. El coste del barril de Brent, usado como referencia en Europa, ha pasado en el mismo período de costar 28 dólares a 47, lo que ha tenido a su vez un impacto directo en la cotización internacional de ambos carburantes. La traslación al surtidor del crudo ha disparado el precio del gasóleo un 12% desde enero, mientras que la gasolina ha subido un 3,5%.

Estas son las cifras. Ahora bien, ¿es posible evitar o al menos paliar el efecto del nuevo encarecimiento de los carburantes en la cartera? Según la estadística de precios difundida por el Ministerio de Industria, en España hay alrededor de 2.800 estaciones de servicio que ofrecen el litro de gasolina por debajo de los 1,17 eurosde media que cuesta en el país. Éstas equivalen a alrededor de un 30% del total de establecimientos repartidos por la Península y Baleares. Las Islas Canarias no son computables ya que presentan un tipo impositivo al consumo menor, que hace que los precios sean muy inferiores.

La lista de las gasolineras más baratas del país está repleta de marcas de cadenas de gasolineras independientes, fantasmas -como se denomina popularmente a aquellos establecimientos que no cuentan con personal-, y vinculadas a grandes cadenas de distribución como E. Leclerc, Alcampo o Carrefour. También en esta lista se cuelan 435 gasolineras del grupo Repsol abanderadas por las distintas marcas de la compañía, entre ellas la low cost Campsa Express, y 210 de Cepsa. No obstante, la mayor parte de las gasolineras de las grandes se encuentran fuera de esta lista de las más baratas.

Por geografía, Barcelona y Valencia son las dos provincias con mayor número de estaciones de servicio entre las más baratas. No obstante, ambas regiones mantienen el tipo máximo de 4,8 céntimos por litro en el gravamen autonómico a los carburantes. En este umbral se mantienen también Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Baleares. Por su parte, Madrid grava con 1,7 céntimos por litro los combustibles y Aragón y Navarra con 2,4 céntimos. Mientras, otras autonomías como Castilla y León, País Vasco, Cantabria y La Rioja optan por no gravar estos productos.

Este tributo se suma a otros de corte estatal como el IVA del 21% o el Impuesto sobre los Hidrocarburos, que grava con 43 céntimos de euro el litro de gasolina y 30 céntimos el de gasóleo para automoción. En total, según los cálculos realizados por la Asociación Española de Productores de Productos Petrolíferos (AOP), alrededor de un 55% del coste de repostar va a parar directamente a las arcas públicas. “Si en la actualidad la cotización de la gasolina de 95 octanos fuera cero, tendríamos que pagar en el surtidor 0,83 euros por cada litro“, explica la patronal de las petroleras.

Y la cosa podría ir a peor, ya que la Comisión Europea viene exigiendo a España que eleve los impuestos medioambientales -especialmente el que grava los carburantes- para equilibrar los tipos con el resto de Europa. Esta diferencia explica la brecha de precios con otros países del continente, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se sitúa de media en 1,314 euros y el de gasóleo en 1,358 euros. Sin duda este será un punto caliente para el nuevo ministro de Industria, Álvaro Nadal.

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La insinuación de Rosell de que los funcionarios de los servicios públicos de Empleo no están preparados para hacer bien su trabajo no sentó nada bien al sindicato de funcionarios CSIF, que pidió al presidente de la patronal que deje de insultar a los empleados públicos

Pero, ¿están realmente preparados los funcionarios?

El problema de la ineficacia de los servicios públicos de empleo -tan sólo colocan al 1,7% de los parados- no se debe a la falta de preparación de los funcionarios, aunque por supuesto todo es mejorable; sino a su funcionamiento interno. El personal se dedica principalmente a gestionar prestaciones y subsidios y no realiza una verdadera laboral de orientación profesional. Es decir, no hacen un acompañamiento personalizado del parado para que éste consiga trabajo lo más pronto posible como sí ocurre en otros países de nuestro entorno como Reino Unido o Alemania.

Se puede decir, por tanto, como apunta Rosell, que los servicios de empleo público “no funcionan”.

Desde luego están lejos de ofrecer un servicio eficaz en lo relativo a la colocación de los parados. Sí funcionan, por el contrario, en la gestión de las prestaciones y en el control de los demandantes de empleo; pero se deberían reformar para que se conviertan en un instrumento de ayuda para los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo.

¿Qué proponen los distintos partidos políticos?

Desde el PSOE denuncian que la política de recortes del Gobierno del PP ha supuesto el desmantelamiento efectivo de los servicios públicos de empleo y que el gasto medio haya pasado de 1.300 euros por parado al año a 700 euros. Cifras que nos sitúan muy lejos de otros países europeos que destinan más de 3.000 euros por desempleado al año. ara revertir esta situación plantean: duplicar las inversiones en políticas activas de empleo, exigiendo una evaluación de su eficacia; mejorar la coordinación entre el servicio estatal de empleo y los autonómicos, y crear una agencia pública de empleo, que gestione mejor y de forma más ágil los recursos del sistema, garantizando una atención única e integral a cada desempleado con un itinerario personalizado de inserción. Podemos, por su parte, considera imprescindible incrementar los recursos de los servicios públicos de empleo para formar a sus profesionales e incrementar también su número. Desde Ciudadanos apuestan por la creación de una Agencia Independiente de Políticas de Empleo con autonomía y competencias suficientes para ayudar a los desempleados, evaluar las políticas de empleo y distribuir mejor los recursos, de tal manera que los parados reciban una atención más personalizada. Y en Izquierda Unida recuerdan que cada funcionario tiene que encargarse de 440 parados, lo que imposibilita un seguimiento real, por lo que se muestran partidarios de apostar más por los servicios públicos incrementando sus recursos.

¿Qué estrategia plantea el Gobierno para mejorar su eficacia?

Durante la pasada legislatura, el departamento que dirige Fátima Báñez puso en marcha la colaboración público-privada entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación en materia de intermediación laboral. Se trataba de que el sector privado ayudara a la Administración a colocar a aquellos parados con más dificultades de inserción laboral. Este sistema, que funciona con éxito en otros países de nuestro entorno, todavía está en una fase muy incipiente en España y su puesta en marcha no ha estado exenta de críticas. El Ejecutivo pretende, no obstante, seguir avanzando en esta colaboración en los próximos años.

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En la mirilla de estos grupos hay tres proyectos clave que el Gobierno saudí tiene hoy paralizados por la brusca caída del precio del petróleo, principal sustento de su economía. Se trata de las líneas de Metro en las ciudades de Yeda, La Meca y Dammam, según detallan fuentes diplomáticas. Las tres infraestructuras fueron proyectadas en el año 2014, cuando el crudo cotizaba por encima de los 100 dólares.

Tras dos años en la nevera, las empresas esperan una reactivación de los proyectospor la necesidad que tiene el país de impulsar su economía y contentar a sus ciudadanos una vez que se incremente el coste del barril, actualmente estancado en 45 dólares. Los grupos españoles ya están presentes en el suburbano saudí, ya que FCC está construyendo la ampliación del Metro de Riad en un contrato valorado en más de 6.000 millones de euros.

“Las empresas españolas pueden tener capacidad de influencia en el proyecto Visión Saudí 2030”, resaltan fuentes diplomáticas. El objetivo de este plan es reducir la dependencia del petróleo, desarrollando las inversiones y aumentando la participación del sector privado y las exportaciones no petroleras de aquí al año 2030. Y uno de los propósitos es posicionarse para poder optar a futuras licitaciones y proyectos.

Pese a que fuentes oficiales señalan que el viaje, en origen, responde a su vertiente institucional, como respuesta a la invitación del Rey Salmán bin Abdulaziz al Saúd, lo cierto es que fuentes empresariales y diplomáticas reconocen que se trata de una visita “con un carácter más amplio que el institucional”. Prueba de ello es la presencia del nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo saudí.

A este respecto, el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció ayer que España y Arabia Saudí comparten “muchos escenarios estratégicos mundiales” y que existen “importantes intereses españoles” en el país. La invitación a Felipe VI supone de facto un apoyo de la monarquía saudí a la economía española. El reto es aprovechar esa proximidad entre las jefaturas de Estado para mostrar la capacitación de las empresas españolas en sectores como las infraestructuras, la energía o las telecomunicaciones.

El viaje también servirá de canal de reconciliación entre ambos países tras las tensiones surgidas en el megaproyecto de construcción del AVE entre las ciudades de La Meca y Medina. El consorcio empresarial, integrado por empresas públicas, ha abierto un arbitraje contra el gestor ferroviario saudí para reclamar los sobrecostes derivados de la construcción y un mayor plazo.

Por otro lado, la delegación española confía en lograr la firma definitiva al contrato de construcción de cinco corbetas para la Armada saudí por parte de Navantia por 2.000 millones de euros.

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